La impunidad, muchos delitos quedan sin resolver y los
culpables no son llevados ante la justicia o si eso pasa al momento son liberados;
esto genera un sentimiento de injusticia y fomenta la repetición de
comportamientos delictivos. También se puede mencionar la corrupción dentro de
las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia que dificultan la
lucha contra el crimen, ya que contaminan el sistema de justicia y protegen a
los criminales en lugar de disuadirlos a corregir su conducta.
Además, se puede mencionar la falta de coordinación de las
diferentes entidades gubernamentales encargadas de la política criminal; la
falta de comunicación y colaboración entre la policía, el Ministerio Público, el
Poder Judicial y otras instancias involucradas en la prevención y persecución del
delito que dificulta la eficacia de las medias implementadas y favorece la
impunidad.
La sobrepoblación carcelaria es un problema que afecta la
efectividad de la política criminal en el país. Los centros penitenciarios se encuentran
saturados, lo que dificulta la resocialización del recluso y aumenta el riesgo
de violencia en las cárceles y la inseguridad en el sistema penitenciario.
La desigualdad social y la falta de oportunidades para
ciertos sectores de la población generan descontentos y marginalización, lo que
puede llevar a la comisión de hechos delictivos como forma de subsistencia.
Los medios tecnológicos se están convirtiendo en un problema
y un gran desafío porque aún desde los centros penitenciarios son utilizados
como herramientas para cometer delitos.
La educación promueve valores para evitar conflictos y
resolver problemas de manera asertiva y pacíficamente. Fomenta un pensamiento
critico y reflexivo que permite analizar las consecuencias de las acciones o
omisiones al realizar un acto delictivo.
Además, de contribuir a la integración social, reduce la
exclusión y marginación; factores de riesgo que pueden generar el recurrir a la
criminalidad como un medio económico de subsistencia. Al promover la igualdad
de oportunidades y el acceso a una educación de calidad para todos.
También, es un factor clave en la rehabilitación de los privados
de libertad; ya que brinda oportunidades para adquirir habilidades, cambiar su
forma de pensar y actuar. Los programas educativos en prisiones pueden
disminuir la tasa de reincidencia y ayudar a los reclusos a reintegrarse a la
sociedad.
Promueve a su vez una cultura de paz y no violencia desde
edades tempranas, para prevención de los delitos, formando una sociedad más
justa y equitativa para que la delincuencia sea menos frecuente.
Video 6: BBVA. Aprendemos Juntos 2030. 2021
Salud
La salud mental juega un papel clave en la conducta delictiva
de las personas. Los trastornos mentales no tratados pueden aumentar la
probabilidad de la comisión de delitos, porque pueden afectar la capacidad de
raciocinio y la capacidad para controlar los impulsos. Es por esto necesario la
implementación de programas de prevención y tratamiento de salud mental en
comunidades vulnerables para reducir la incidencia delictiva.
El abuso de sustancias es un factor de riesgo que contribuye
a la delincuencia. Quienes sufren adicciones tienden a buscar formas para
financiar el consumo de drogas. Implementar programas de prevención y
tratamiento de adicciones que ayuden a la recuperación y evitar comportamientos
delictivos.
La falta de acceso a atención medica de calidad puede
contribuir a la delincuencia como forma de atención medica con el robo de
medicamentos, participación de actos ilegales para pagar tratamientos médicos.
Implementación de políticas publicas que garanticen un acceso equitativo a
servicios de salud para toda la población.
Video7: Enlace psicología. 2024
Pobreza
Algunas causas son falta de acceso a la educación y al
empleo digno. Garantizar acceso a una educación de calidad y oportunidades
labores justas es fundamental para prevenir la delincuencia, porque brinda
herramientas necesarias para superar situaciones de vulnerabilidad.
Implementar políticas sociales que brinden apoyo a las
personas en situación de pobreza, programas de asistencia social, empleo
temporal son algunas medidas que contribuyen a reducir la desigualdad social y
mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables y a su vez
disminuye la delincuencia.
Promoción de la inclusión social y participación ciudadana
de las personas e situación de pobreza, mediante espacios para el dialogo y
toma de decisiones al empoderar a las comunidades mas desfavorecidas se fomenta
el sentido de pertenencia y solidaridad lo que contribuye fortalecer la
sociedad y prevenir la aparición de la criminalidad.
Enfoque Ecológico: Este analiza el entorno en el que se
desarrolla el individuo y como este influye en la conducta delictiva. La
pobreza, la falta de oportunidades laborales, desigualdad social y la falta de
acceso a la educación son factores de gran relevancia en la comisión de actos
delictivos.
Modelo de Prevención Situacional: Identifica oportunidades
que tienen los individuos para cometer delitos, implementa medidas de seguridad
para disuadir a infractores; se basa en un enfoque de teoría de la elección
racional; esta teoría sostiene que el individuo decide cometer un delito en
función de beneficios y costos. Reducir beneficios y aumentar costos previene
la comisión del delito.
Enfoque Comunitario: La participación activa de la comunidad
en identificación de problemas claves de seguridad y implementación de
mecanismos para abordar estos problemas.
Video 5: Campos. Tipos y modelos de prevención. 2022
La política criminal costarricense cuenta con diversos
actores que participan de las decisiones y implementaciones para combatir la
criminalidad.
Video 3: Sistema Político Costarricense.2019
Poder Ejecutivo: Dirigido por el presidente de la República
tiene la responsabilidad de orientar y coordinar las acciones del Gobierno en
materia de seguridad y justicia. En donde participan el los Ministerios de
Seguridad Pública, Justicia y Paz entre otras instituciones que formulan
políticas y estrategias para prevenir y combatir la delincuencia, además de
fortalecer el sistema de justicia penal.
Poder Legislativo: Aportar leyes y reformas que permitan
mejorar el marco legal en materia de Seguridad y Justicia. Los Diputados deben
analizar y discutir propuestas legislativas para fortalecer las instituciones
de la seguridad publica y combatir la impunidad.
Poder Judicial: Es responsable de administrar justicia de
manera imparcial y transparente. Los jueces deben velar por el respeto a los
derechos fundamentales y garantizar que cumplan la ley, que los responsables de
cometer delitos sean juzgados y sancionados de acuerdo a la normativa
establecida.
Instituciones encargadas de la seguridad pública: Ministerio
de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial y Policía Municipal
entre otras; su misión es prevenir el delito, investigar los hechos delictivos
y detener a los presuntos responsables.
Sociedad Civil: A través de organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación, académicos y ciudadanos se promueve el
debate publico sobre temas de seguridad y justicia, es así como se puede
observar la necesidad y los factores de influencia en cada entorno y se generan
propuestas donde también se exige a las autoridades transparencia y rendición
cuentas.
Video 4: Contraloría General de la Republica Chile. La
Sociedad Civil. 2021
Enfoques teóricos aplicables que deben utilizarse en conjunto con a las políticas criminológicas estatales para combatir de forma integral la delincuencia.
Imagen 2: Barrantes. Abogado Penalista. 2019
Prevención del Delito
La prevención del delito se centra en identificar y abordar
las causas subyacentes de la delincuencia. Este enfoque busca implementar
medidas proactivas para reducir la incidencia delictiva, como programas de
intervención temprana, educación, desarrollo comunitario y oportunidades
laborales. Al adoptar estrategias preventivas, se busca evitar que las personas
se involucren en actividades delictivas en primer lugar.
Control Social
El control social se refiere a la influencia que la sociedad
ejerce sobre el comportamiento de sus miembros para mantener el orden y la
cohesión social. Este enfoque se basa en la aplicación de normas, valores y
sanciones sociales para desalentar la conducta delictiva. El control social
puede manifestarse a través de la vigilancia comunitaria, la promoción de
valores éticos y la participación ciudadana en la prevención del delito.
.. el control social es una expresión concreta de la política
general del Estado y uno de los aspectos de esta política es precisamente la
Política Criminal. Esta política plantea los criterios básicos del sistema de
justicia penal, pero no toda reacción estatal dirigida a evitar comportamientos
delictivos o suprimir ciertas situaciones criminógenas forman parte de la
Política Criminal; aunque ésta goza de una cierta autonomía en el marco de la
política estatal, se integra, más bien, en una perspectiva vasta de política
social, ya que una buena política social constituye una condición indispensable
para organizar y desarrollar una Política Criminal eficaz. Sin embargo, no todo
el ámbito social abarcado por la Política Criminal constituye un dato objetivo,
pues las nociones de delincuencia, crimen o criminal, son el resultado de
discusiones sobre criterios de Política Criminal; criterios que condicionan la
determinación de los comportamientos que deben ser criminalizados (p. 102).
Video 2: Cometa Perú. 2020
Enfoque Sociológico: Estudio de causas estructurales de la
delincuencia como pobreza, desigualdad social y la exclusión. Esto a través de
políticas de inclusión social y igualdad de oportunidades que favorecen la
aparición de conductas delictivas.
Enfoque Psicológico: Estudia características individuales de
los delincuentes por medio de programas de intervención psicológica y
rehabilitación; para contribuir a la reinserción y prevenir las reincidencias.
Enfoque Criminológico:
Este enfoque permite comprender el fenómeno de la delincuencia desde una
perspectiva más amplia; ya que, analiza factores como patrones en el
comportamiento delictivo, victimización, percepción de inseguridad. Además, de
implementar políticas de prevención situacional y promover la participación
ciudadana.
Enfoque Penal: Garantiza el respeto de los derechos humanos,
la aplicación de penas proporcionales y efectivas para evitar la comisión de
delitos. La reforma del sistema de justicia penal y promoción de una cultura de
legalidad.
Se debe partir de una concepción amplia, en donde se
comprenda como toda acción u omisión de los poderes públicos del Estado
tendientes a reprimir o prevenir el delito. Siendo parte de la política general
de la colectividad, del gobierno, donde se torna preciso integrarla en la
política social enlazada con “los grandes objetivos de la democracia, de la
igualdad, seguridad y solidaridad” (López-Rey,1978, p. 343).
Es, por tanto, que se
basa en la aplicación de medidas preventivas para reducir la criminalidad en la
sociedad, entre estas medidas se pueden considerar programas de prevención del
delito en escuelas, campañas de sensibilización en comunidades y
fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Además, se enfoca también en el control del delito a través
de las autoridades competentes para hacer cumplir las normas y la ley como es
la policía y el sistema de justicia penal; donde busca garantizar que las
respuestas de este último sean proporcionales y efectivas, evitando la
impunidad y cerciorándose que también se respeten los derechos de los privados
de libertad y implementado medidas para que estos se puedan integrar en la
sociedad sin reincidir en la criminalidad.
Al ser multidisciplinaria involucra muchos autores para la
prevención y el control del delito entre estas se pueden mencionar:
instituciones gubernamentales, sociedad y organizaciones internacionales.
Teniendo como fin una respuesta integral y coordinada, haciendo uso de los
recursos disponibles y tratando de mantener el control ante la criminalidad.
Es necesario mencionar que la política criminal debe abordar
también causas derivadas de los delitos como la desigualdad, la exclusión
social y la falta de oportunidades; como una estrategia para prevenir la
criminalidad desde su raíz y en promoción de una sociedad más justa y
equitativa.
Desarrollo Histórico
En la antigüedad la justicia criminal giraba entorno a la
venganza privada, donde las personas que eran victimas de un crimen se tomaban
el derecho de rendir justicia de su propia cuenta, al pasar del tiempo se
crearon sistemas más estructurados de justicia como lo fue el derecho romano y
las leyes de la Edad Media.
Durante la Ilustración surgen ideas de humanitarismos y
racionalismos que influyeron de gran manera a la creación de sistemas penales
más justos y equitativos.
En el siglo XIX las guerras mundiales y conflictos sociales
dieron lugar a políticas criminales represivas, como regímenes totalitarios y
leyes de emergencia.
En la actualidad el aumento de la delincuencia organizada,
el narcotráfico y el terrorismo generan grandes desafíos por lo que se busca
implementar mecanismos y estrategias efectivas para la prevención y
rehabilitación de los delincuentes, también medidas para una reinserción social
correctas.
Es por esto, que la política criminal esta en constante
cambio y adaptación a las necesidades que se van presentando en la sociedad y
buscando un equilibrio entre la seguridad publica y el respeto de los derechos
humanos.
Video 1: Quince- UCR. 2017
Primeras manifestaciones Costarricenses.
Durante la Colonia, las autoridades españolas establecieron
códigos legales basados en los delitos y las penas dentro del territorio
costarricense; estas normas se regulaban por principios religiosos y morales que
tenían como fin mantener el orden y la moralidad para una buena convivencia en
sociedad.
En el siglo XIX con la independencia España, Costa Rica
empezó por desarrollar su propia política criminal con la influencia de
corrientes liberales de la época. Se promulgaron leyes que buscan garantizar
los derechos humanos y limitar el poder del Estado en materia penal.
Al respecto, Sánchez (2011) afirma que en el país después
del año 1994:... suceden una serie de modificaciones dirigidas al
endurecimiento de la sanción para algunos delitos, el aumento del límite máximo
de la pena de prisión a los cincuenta años y la supresión parcial del descuento
por trabajo carcelario. Tales reformas fueron anunciadas en su momento como
fórmulas imbatibles para luchar contra la criminalidad, siendo que al día de
hoy no han logrado su objetivo declarado, sino que han permitido que el
hacinamiento de las prisiones alcance cifras inéditas, un significativo aumento
en la violencia intramuros, crecimiento continuo de la tasa de encierro, y en
general, un vergonzoso escenario de violación de derechos humanos de la
población encarcelada. Además, los cambios implementados suponen una
contradicción con los fines de reinserción social que supone la sanción penal
(p. 433).
Para el siglo XX se vio influenciada la política criminal
por corrientes criminológicas modernas y que se enfocaban en la prevención del
delito y la reintegración del delincuente a la sociedad; se crean instituciones
como el Patronato de Rehabilitación Social.
Actualmente, su enfoque integral y multidisciplinario busca
abordar causas estructurales de la delincuencia y promover la inclusión social
con programas y estrategias ciudadanas.
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